Hans Mejía Guerrero*

El programa Beca 18, presentado como un mecanismo de igualdad de oportunidades, ha devenido en un instrumento que evidencia una profunda contradicción en la política educativa del Estado peruano. Los datos oficiales del periodo 2013-2025 son elocuentes: la UPC ha recibido S/ 513.4 millones, la PUCP S/ 346.5 millones, y otras instituciones como la Universidad Científica del Sur (S/ 285.9 millones), Cayetano Heredia (S/ 278 millones) y la Universidad de Piura (S/ 271.7 millones) han percibido sumas igualmente millonarias. En total, las diecisiete universidades privadas listadas (incluidas societarias, con fines de lucro) han absorbido más de S/ 2,900 millones de fondos públicos, es decir, dinero de todos los peruanos.

Esta transferencia masiva de recursos contrasta de manera alarmante con la situación de las universidades públicas. Mientras el Estado inyecta capital a las empresas educativas privadas, las universidades nacionales se enfrentan a recortes presupuestales crónicos. 

Resulta evidente que el verdadero beneficiario de este esquema no es solo el sistema educativo privado, sino el empresariado educativo que ve en el Estado un cliente garantizado. Se configura así un modelo perverso donde el erario nacional financia negocios privados, transfiriendo recursos que deberían fortalecer la educación pública hacia conglomerados empresariales que operan bajo lógicas mercantiles. 

Esta dinámica desnuda una incoherencia fundamental: el Estado subsidia con los impuestos de todos los peruanos a un sector que, en su discurso, promueve la autorregulación del mercado y la mínima intervención estatal. Lejos de autorregularse, el mercado educativo privado se sustenta en las arcas nacionales, priorizando el lucro y consolidando un modelo donde la educación deja de ser un derecho para convertirse en un servicio transable, profundizando así la desigualdad estructural en el país.

* Investigador de Centro Patria.